Un total de 111.534 personas en España trabajan en centros especiales de empleo (CEE), empresas y organizaciones que cuentan con un mínimo del 70% de personas con discapacidad en su plantilla.
Son datos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde la diputada del PP María Teresa Mallada criticó las políticas del Ejecutivo para lograr potenciar el tránsito de empleados con discapacidad de los CEE al mercado laboral ordinario.
Trabajadores en un CEE
Mallada detalló que el 30% de las personas con discapacidad está en riesgo de exclusión, 7,3 puntos más que quienes no tienen discapacidad. Además, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señaló que más del 70% de contratos firmados por personas con discapacidad entre 2019 y 2023 se formalizaron con los CEE.
Estas cifras «demuestran que los centros especiales son claves para la inserción laboral de las personas con discapacidad», aunque lamentó que los contratos con enclaves laborales, que es la figura para transitar del empleo protegido al ordinario, fue en ese período de 1.869, un valor que juzgó de «ínfimo».
Díaz reconoció la necesidad de mejorar los datos de inclusión laboral, pero desgranó las políticas desplegadas desde el Ministerio de Trabajo desde que gobierna. Así, citó la eliminación del despido en situaciones de baja médica y “emprender” una reforma de los incentivos al empleo de personas con discapacidad en colaboración con el Cermi.
También resaltó la asimilación de las personas con capacidad intelectual límite a las personas con discapacidad a efectos de las políticas laborales, así como incorporar a todas las personas con discapacidad como colectivo de atención prioritaria.
Finalmente, esgrimió las cifras de apoyo público a los CEE, explicando que con el PP se destinaban 210 millones de euros y ahora 747.
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